El decano de la Facultad de Políticas de la UAB considera que la Constitución es un ‘proyecto criminal’

Cardús, que se ha manifestado recientemente a favor del acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco y fue protagonista indirecto de la agresión que sufrió Rosa Díez (UPyD) en su Facultad hace menos de un año, considera que la prensa que está editada en Madrid, y se vende en Cataluña, debería ser calificada de ‘prensa de ocupación’.

Ver artículo en LA VOZ DE BARCELONA:

http://www.vozbcn.com/2011/02/20/59324/cardus-constitucion-proyecto-criminal/

NOLESVOTES.COM

El próximo 22 de mayo, los ciudadanos españoles están convocados a las urnas para votar a sus representantes públicos en todos los ayuntamientos y en algunos parlamentos autonómicos. Los representantes elegidos tendrán a su cargo la gestión de miles de millones de euros durante un periodo de cuatro años, razón más que suficiente para extremar las precauciones de los votantes: a lo largo de los últimos años, el nivel de corrupción en la política española se ha disparado de manera alarmante en todo el arco parlamentario.

PSOE, PP y CiU son las tres formaciones políticas que han pactado para resucitar la ley Sinde en el Senado, una ley que permite censurar Internet por vía administrativa, sin una intervención judicial que garantice la tutela efectiva de los ciudadanos. Al juez que deba validar el cierre le estará vedado analizar el fondo del asunto, esto es, la vulneración de derechos de propiedad intelectual o la posibilidad de producir un perjuicio patrimonial por parte de la página web cuya clausura se solicite. La ley Sinde crea un “agujero libre de jueces” donde la decisión la toma una comisión administrativa nombrada por el gobierno, para evitar lo que hasta el momento venía ocurriendo: que los jueces no daban la razón a las reclamaciones de la industria de los contenidos.

La ley Sinde es ineficaz. No aborda una reforma integral de la legislación de propiedad intelectual, único camino para favorecer la justa retribución de los creadores y artistas en el marco de una sociedad de cultura digital. Aún así, y a pesar de la oposición de una parte importante de la sociedad incluyendo creadores y artistas, PSOE, PP y CiU votaron a favor de ella. Pesaron más las presiones de gobiernos extranjeros y de grupos minoritarios que el interés social. Pero no todo es culpa de nuestros representantes: nosotros les hemos elegido, por acción u omisión.

Desde Nolesvotes.com consideramos que PSOE, PP y CiU han faltado a su principal obligación con la ciudadanía: defender la Constitución que juraron o prometieron acatar. La ley Sinde somete Internet a una legislación excepcional, con grave merma de los derechos a la libertad de expresión e información y a la tutela judicial efectiva, posibilitando un mayor control político de la red.

Tu decisión es importante. No te pedimos el voto para ningún partido concreto, ni que votes en blanco, ni que te abstengas, sino que te informes para comprobar que existen alternativas contrarias a la ley Sinde en todo el espectro ideológico. Te pedimos que defiendas la libertad en la red con tu voto, no apoyando a aquellos que con sus actos se han hecho claramente merecedores de un voto de castigo.


El próximo 22 de mayo, NO LES VOTES.

http://www.nolesvotes.com/

Joan Laporta compartió contable con los imputados del 'caso Gürtel'

Barcelona.- Desde que el pasado 28 de noviembre Joan Laporta se asegurara un sitio en el Parlamento de Cataluña con su partido Solidaritat per la Independència (SI), las investigaciones sobre los negocios del ex presidente del Barça se han paralizado. Sin embargo, la revista ‘Interviú’ ha seguido sus propias pesquisas y vincula a Joan Laporta con Arturo Gianfranco Fasana, contable del caso ‘Gürtel’, gracias al cual Laporta podría haber desviado dinero a Suiza.

Según ‘Interviú’, la trama nace a raíz de la propiedad de la empresa de Laporta Oleseta S.A., creada en 1990 con 2,8 millones de capital social. Desde 2005 a 2009 la empresa ha sido gestionada por Arturo Gianfranco Fasana, detenido ese mismo año por blanquear más de 20 millones de euros a los principales acusados del caso ‘Gürtel’, trama de corrupción vinculada al PP, con Francisco Correa como cabecilla. Las acciones de Oleseta S.A. figuran a nombre de otra marca, Clouso S.A., con sede en Ginebra y gestionada hasta su detención por Fasana.

‘Interviú’ ha asegurado que la Justicia investiga si el líder de Solidaritat Catalana desvió “fuertes sumas” a Suiza y las invirtió en productos financieros del departamento de banca privada de Société Générale.

MÁS ACUSACIONES

Para que la policía y los fiscales puedan investigar a Joan Laporta deben pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su nuevo papel de diputado. Este nuevo procedimiento haría que se perdiera el factor sorpresa, imprescindible para cualquier investigación ordinaria. Sin embargo, son muchas las acusaciones públicas con las que Laporta tiene que continuar su carrera política.

Durante la campaña electoral catalana, el representante de jugadores Bayram Tutumlu denunció formalmente a Laporta por apropiación indebida de tres millones de euros en comisiones cobradas a través del magnate uzbeko Miraldol Djalalov, propietario del club de fútbol más importante de Uzbekistán, el Bunyodkor. Ambos firmaron un contrato por cinco millones de euros en el que el Barça jugaría dos amistosos con el Bunyodkor; a los pocos días del acuerdo, Laporta recibió tres millones de euros desde el Russian Comercial Bank de Zúrich. Tutumlu ha acusado a Laporta de haberse quedado incluso con las comisiones de varios jugadores como Messi o Puyol, que tuvieron que visitar la sede del Bunyodkor.

Otras acusaciones que llueven sobre Joan Laporta son sus relaciones con el mafioso ruso George Mikadze y con varias empresas porno operativas a través de Internet. Las empresas gestoras de operadores de chats pornográficos como Provima System y New Concept Bussiness están gestionadas por Maite Fernández, directora general del despacho de abogados de Joan Laporta.

lavozlibre.com/noticias

Carlos Martínez Gorriarán: "En España no hay prensa privada, lo que tenemos es prensa concertada"

El número dos de hecho del partido de Rosa Díez se queja de que los medios de comunicación no se hayan hecho eco del apoyo explícito que, en numerosas ocasiones, ha prestado el Premio Nobel Mario Vargas Llosa a su partido.

Tras esta reflexión inicial y parafraseando a Francisco Caja, llega a la siguiente conclusión:

‹ «En España no hay prensa privada, lo que tenemos es prensa concertada». ›

‹ No es de extrañar, por tanto, que la profesión de periodista no tenga buena fama. Mucha gente sospecha que los medios de comunicación -¿no sería mejor llamarlos de fabricación de noticias?- están al servicio de intereses no ya oscuros, sino totalmente descarados y que, en consecuencia, sus servicios informativos deben recibirse con suma cautela o abierto escepticismo. ›

‹ A la vanidad mediática le encanta imaginarse como un cuarto poder insobornable con la sagrada misión de, nada menos, vigilar y contrapesar a los tres clásicos poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Se invoca con devoción el ejemplo del Watergate, pero sobran razones para pensar que se trató de un caso excepciona y de que lo corriente son los anti-watergates donde los media protegen, adulan y ayudan a gobiernos malos e incluso nefastos, los cuales corresponden con protección y dinero a esos medios a los que deben tanto. ›

‹ De ahí la búsqueda constante de maneras de informarse más objetivas y menos mediatizadas por intereses espurios, búsqueda que, gracias a internet, está produciendo una auténtica revolución cuya última expresión es la de Wikileaks. Que hayan sido diarios tradicionales los que han publicado sus papeles –en España, el simpar El País- no debería impedir ver el papel totalmente subsidiario que éstos han desempeñado, a la larga un papel muy prescindible. ›

Jurídicamente, las empresas periodísticas o informativas son privadas e independientes. Sin embargo, la necesidad de ingresos publicitarios hace que tanto su lineal editorial como sus criterios informativos estén siempre condicionados de alguna manera a la necesidad o a la voluntad de sus clientes.

Esta situación no es nueva. Quien de alguna manera contribuye con sus recursos a la supervivencia y desarrollo de los medios de comunicación, siempre se ha sentido con el derecho a mandar algo en periódicos, radios o televisiones...

El problema es que, hoy en día, el principal anunciante es la Administración en sus diferentes versiones. Por tanto, se puede decir que los medios de comunicación son empresas privadas concertadas con el Gobierno de turno como los colegios o los hospitales.



http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2010/12/22/carlos-martinez-gorriaran-prensa-concertada-upyd.shtml

TRILEROS DE LA POLÍTICA

http://www.youtube.com/watch?v=jfY0N4HNQz4

El paro repunta en Cataluña con 1.374 desempleados más para alcanzar los 557.268

elmundo.es

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en 1.374 personas el pasado septiembre en Cataluña, lo que supone un 0,25% más que en agosto, un incremento por debajo de la media de toda España, que se ha situado en el 1,2%.

Según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el desempleo creció en septiembre en 48.102 personas en toda España hasta situar el total de parados en 4.017.763, cifra que en Cataluña es de 557.268.

En un año, el paro ha subido en 308.316 personas (el 8,3%) en toda España, de las que 25.916 viven en Cataluña, lo que supone un 4,88% más.

El paro sólo ha bajado en cuatro comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (-5.814), Canarias (-1.043), Aragón (-809) y La Rioja (-356), mientras que ha subido en las 13 restantes, encabezadas por Andalucía (20.635) y la Comunidad Valenciana (5.505).

Baja en Barcelona
Por provincias, destaca el dato de Barcelona, donde el paro ha bajado en 2.171 personas, algo que ha ocurrido también en Ciudad Real (-3.010) y Las Palmas (-1.898).

El desempleo subió sobre todo en el sector servicios, con 53.585 parados más (el 2,3%), seguido del colectivo sin empleo anterior, entre los que aumentó en 12.106 (3,5%), mientras que bajó en la construcción, en 9.738 (1,3%); en industria, 4.299 (0,9%) y en agricultura, en 3.552 (2,9%).

En cuanto a los contratos suscritos en septiembre, el total aumentó en 35.447 (un 2,6% respecto a hace un año), hasta sumar 1.390.283, mientras que los indefinidos fueron 122.090, lo que supone 6.284 menos (el 4,9% menos en tasa interanual), aunque la cifra supuso un 48,5% más respecto al mes anterior.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, la media de septiembre se situó en Cataluña en 3.129.327 personas, lo que supone un 0,12% menos que en agosto, y sólo un 0,92% menos en relación al mismo mes del año pasado.

Pese al incremento del paro, el número de contratados registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.390.283, lo que supone un aumento del 2,6% sobre el mismo mes de 2009.

La contratación acumulada en los nueve meses de 2010 ha alcanzado la cifra de 10.623.766, un 2,9% más de contratos que en igual período del año pasado.

Corbacho avala que los docentes que ejerzan en Cataluña dominen el catalán

Corbacho avala que los docentes que ejerzan en Cataluña dominen el catalán
UPyD habla de 'ataque a la libertad'

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende que quien quiera ser contratado como profesor universitario en Cataluña deba acreditar un cierto nivel de catalán, aunque eso no quiere decir que un científico no pueda impartir una clase magistral en una universidad en cualquier idioma.

En declaraciones a Onda Cero, Corbacho dijo desconocer "el contenido exacto" del decreto que promueve la Generalitat para exigir el nivel C de catalán a los profesores universitarios.

A su juicio, esa exigencia puede ser entendible a una persona que "desea formar parte de la plantilla estable de ese profesorado" ya que se trata de una lengua vehicular de enseñanza, e incluso no cree que tuviera problema en conseguirlo dado el nivel académico que se exige a los profesores. Eso sí, cree que "hay que distinguir" para que una exigencia de estas características no impida que determinadas personas intervengan en la Universidad, algo que siempre es positivo.

"Una persona que todo el mundo coincide es un excelente matemático lo que importa es el conocimiento que esa persona tiene, y que lo exprese de una manera y otra tiene que tener menos importancia -argumenta-. Las universidades catalanas no pueden cerrarse a esa llegada de gente que pueda compartir un conocimiento, investigación o docencia, pero eso es una cosa y otra diferente es que una persona quiera formar parte de la plantilla estable y optar a ser profesor permanente".

'Cataluña: Una sociedad tranquila y plural'
En cualquier caso, insistió en que estas cuestiones lingüísticas "a la larga se acaban interiorizando sin graves problemas en la sociedad catalana". "Por suerte hay más ruido en lo político y lo mediático que en la sociedad, que es mucho más tranquila y pacífica", ha comentado.

"Cataluña es una sociedad plural donde la gente hablamos catalán y castellano, hay una auténtica mezcla que forma parte de la normalidad. Yo soy extremeño y hablo en catalán y mi mujer es catalana y hablamos en castellano, pero no soy ni independentista ni nacionalista y no pienso cambiar", ha concluido.

UPyD: 'Es un ataque a la libertad ´
La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, por su parte, ha cargado contra la medida anunciad el lunes por el conseller de Universidades de la Generalitar, Josep Huguet, tildándola de "ataque a la libertad".

En un comunicado, Díez ha añadido que si la Generalitat aprueba esta norma se estaría atacando "la libertad, la competitividad y la calidad del sistema educativo catalán".

A juicio de Díez, la decisión de obligar a los profesores catalanes a dominar el catalán por decreto, evidencia que a la Generalitat "no le importa que los catalanes salgan peor preparados o que no puedan tener los mejores profesores, sino que quede claro quien manda".

Diez ha pedido la intervención del Gobierno de la nación, a través de la Abogacía o de la Fiscalía del Estado, ante este nuevo escándalo que "va en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto".

La diputada ha anunciado que su formación política presentará una iniciativa si la medida llega a materializarse.

elmundo.es